ARCHIVO DE NOTICIAS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
PIURA
2008_JUNIO_14
Semanario: D-bate
Pág. 04-05 Investigación

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Rector y funcionarios cobran por todo y por cualquier cosa
El festín de la UNP

El rector, los vice-rectores, decanos y funcionarios administrativos cobran por todo lo que puede aguantar la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria de la Universidad Nacional de Piura. Solamente en los exámenes de admisión se repartieron recientemente 139 mil soles. Como se dice que del mismo cuero salen las correas, pues los 2,600 postulantes dejaron en caja unos 680 mil soles y para ellos ha sido una buena tajada de la torta.

También cobran por su participación en los procesos de licitaciones de obras, como son los casos de las Facultades de Derecho y Medicina, Escuela de Post Grado, cafeterías y servicios higiénicos, subastas, licitaciones (fibra óptica), graduaciones, etc.

De las fotocopias de documentos que obran en nuestro archivo, tenemos que los ingresos del recto0r Antenor Aliaga por estos conceptos alcanzan la suma de 10,350 soles, entre asignaciones, subvenciones y dietas. El resto de funcionarios cobran sumas menores y, aparte de Aliaga los más privilegiados vienen a ser los vicerrectores Manuel Purizaca Benites y Edgard Rodríguez, César Augusto Reyes Peña, Ronald Savitzki Mendoza, Aurora Chinga Nolasco, Rosa Mendoza Panta, Hugo Reyes Alama, Carlos Albán Palacios, Ricardo Velezmoro León, Guillermo Ramírez García, Alfredo Sullón León, Margot Rodríguez Viñas, Emilio Nacales Gómez, Santiago Calle Gonza, Adolfo Garay Castillo, Rommy Sullón Granda, Fernando Escalante, Marín Margarita Torres Cano, Manuel Castillo Venegas, Omar Vences Martínez, David Choquehuanca Panta y un largo etcétera. Nada se les escapa y, como dice un alumno, todo lo ven plata, conforme puede verse en otro informe que publicamos en esta misma edición. Esto se refiere a lo que cobran a los conductores de puestos de comidas, de fotocopias y otros servicios que se brindan en el interior del campus universitario.

Por aquí, no se piensa en el bienestar de los estudiantes de más bajos ingresos ni en las necesidades de quienes se recursean en el ya tugurizado campus, sino en los dineros de que ingresan a las arcas universitarias.

RESOLUCIONES
Por supuesto y respecto a lo que cobran el rector y los funcionarios, todo está amparado por resoluciones rectorales con cargo a la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria, cuyas gestiones en todo caso corren por cuenta del secretario general Alfredo Sullón León, de manera que todo sale por la vía legal. Sin embargo, el cuestionamiento de la comunidad universitaria y del alumnado se refiere a la dilapidación de los dineros de la institución, de lo fácil que resulta para las autoridades cobrar por cualquier cosa que hacen. Peor aún, que las obras adjudicadas a contratistas allegados a funcionarios de la propia universidad hayan sido mal ejecutadas, que se encuentren en estado de abandono o su acabado deje mucho que desear. Que en las adquisiciones, sobre todo en combustibles y productos para el comedor universitario no se cumplan los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones del Estado pasan por lo mismo y al efecto los de siempre figuran con asignaciones que determina la Oficina de Presupuesto. En este caso del combustible y los alimentos se cometieron irregularidades por un monto de 777,000 soles y los funcionarios Ronald Savitzki, Socorro Granda, Santiago Calle Jorge Garcés apenas fueron sancionados con diez días de suspensión sin goce de haber.

LAS CLAVES
Mientras tanto, los funcionarios de la universidad, responsables por omisión y/o negligencia de la fuga de claves para el examen de ingreso de los postulantes del IDEPUNP han quedado exentos de culpa debido a la discutible decisión de la jueza Vilma Temoche, quien sin considerar el dictamen del fiscal, las investigaciones de la Policía Nacional, ha dejado solamente en la picota a tres consejeros, uno de los cuales se aprovechó para cometer su falta. Si supone que los decanos encargados de garantizar la transparencia de los exámenes de admisión deben actuar con minuciosidad y responsabilidad en sus tareas, cosa que no ocurrió en la prueba del mes de marzo con los resultados que derivaron con un escándalo más.

Y la investigación del Tribunal de Honor de la propia UNP que ya está en manos del rector Antenor Aliaga parece estar durmiendo el sueño de los justos porque no es de extrañar que contiene otras pruebas que la propia comunidad universitaria y la opinión pública precisas conocer.

Como si todas las denuncias no estuvieran cayendo por su propio peso, recientemente salió a relucir aquello de la adquisición de propiedades inmuebles por parte de una hermana del rector. Cualquiera podría decir que son operaciones económicas propias de una familia, pero los montos son bastante altos, lejos del alcance de la compradora, de allí que eso ha despertado muchas dudas que el propio rector está en la obligación de aclarar.

Ya es tiempo que las autoridades reflexionen acerca del rumbo que ha tomado la universidad y formulen un propósito de enmienda, recuperen credibilidad y dejen en claro que verdaderamente desean que esa casa superior vuelva por sus fueros en cumplimiento de los fines para los que fue creada. Y eso es imperativo que se haga para que la ciudadanía pueda tener una visión distinta a la actual, sobre todo porque se cree que todo está mal y no es así. Hay probos catedráticos, gente con honestidad a toda prueba que labora en los claustros de Miraflores a la que se supone involucrada en las denuncias que surgen de un día para otro. Ellos necesitan de una reivindicación urgente que solamente puede venir mediante un cambio de actitud que implique a todos los estamentos de la Universidad Nacional de Piura.

Así está el panorama, cada vez peor en la Universidad Nacional de Piura.

Decanos de UNP de todas maneras serán investigados.
No se crea que los cinco decanos quedaran limpios después que la jueza Vilma Temoche decidiera no incluirlos en la denuncia penal por el caso de las claves del examen de admisión para los postulantes del IDEPUNP. Manuel Castillo Venegas, Franklin Savitzki, Mendoza, Eddy Gives Mujica, David Choquehuanca Panta y Julio Villareal Palacios van a ser investigados penalmente por omisión a deberes funcionales en agravio del Estado, según denuncia en curso ante una de las salas especializadas en lo penal de la Corte Superior.

En opinión del fiscal Roberto Lecaro y del procurados anticorrupción Guillermo Cevallos Vegas, los mencionados funcionarios de la UNP son responsables de los fuga de ochenta claves del examen de admisión del 6 de marzo, pues incurrieron en omisiones y negligencias que permitieron al consejero Camilo Guerrero sustraer estas claves y filtrarlas a Christopher Alama para favorecer a un postulante que fue descubierto, quien habría pactado un pago de ochocientos dólares por el servicio.

Una de las salas penales decidirá si los decanos también son procesados al igual que los tres consejeros involucrados en este caso, de los cuales Camilo Guerrero aún se encuentra en situación de no habido.

A todos no se les mide con la misma vara
El juez Ernesto Castillo Días ha sentenciado al trabajador de la Universidad Nacional de Piura, Hildebrando Castro Albán, a tres años de pena incondicional más una reparación civil de 300 nuevos soles por el simple y supuesto hecho de haber cobrado la irrisoria suma de ¡veinte soles¡ para facilitar el ingreso de una postulante a esa casa superior de estudios en pruebas del año 2004. Si la reparación es injusta peor son los tres años de prisión que le impone tremendo juez.

Denuncia Castro Albán que el juez lo ha dictaminado así ante la denuncia que interpuso Betty Falero Rodríguez en forma verbal, sin existir una prueba contundente que lo incrimine en el hecho que se le imputa. Y resulta además discutible que la demandante haya aceptado la oferta de un trabajador que labora en servicios de mantenimiento de la UNP, sin acceso ni vinculaciones a los organismos que tienen a cargo la elaboración y ejecución de las pruebas de admisión.

Es más, Betty Falero Rodríguez ha incurrido en una serie de contradicciones en relación al monto que sostiene haber entregado a Castro Albán, ya que ha citado sumas que van de los 200 a 300 dólares y no ha presentado pruebas –recibos firmados- para acreditar su denuncia. Incluso se ha dado el caso de recibos fraguados, no obstante una discutida pericia grafotécnica. El juez ha decidido que son veinte soles, según dice Castro. Y si el magistrado acepta que hay delito por esa suma, su sentencia deviene en desproporcionada.

Tal como se ha presentado la situación Castro Albán sostiene que César Reyes Peña es el personaje que, actuando entre bambalinas, ha utilizado a Betty Falero para que falsee una denuncia por presunto delito de estafa. En su oportunidad Reyes Peña fue denunciado por Castro Albán en la comisaría de Tacalá por el supuesto delito de tentativa de homicidio, el 20 de noviembre del 2004.

Por lo demás, el juez Castillo, hasta el sábado 7 del mes corriente no había enviado la sentencia al inculpado, pese que transcurrieron más de cinco días desde la fecha en que la firmó, cuando debió hacerlo vía courrier en los tres siguientes días hábiles.

¿La misma vara?
Hildebrando Castro Albán es un trabajados con más de treinta años de servicios en la UNP, quien aparte de la sentencia del juez Castillo afronta la sanción de un año sin goce de haber interpuesta por las autoridades universitarias tras contemplar su caso, actuando en forma drástica. En tal sentido Castro lamenta que en las autoridades de la universidad no lo hayan medido con la misma vara que a los funcionarios a quienes se detectó irregularidades en adquisiciones de combustibles y alimentos por 777 mil soles. A unos se les suspendió por tres días sin goce de haber.

 

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