ARCHIVO DE NOTICIAS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
PIURA
2008_DICIEMBRE_04_Jueves
Diario: EL TIEMPO
Pág. 03 Actualidad

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Dirigentes aprista emplaza a abogado del rector de la UNP
Que demuestre que el APRA está detrás de las denuncias

El secretario general regional del Partido Aprista, Alberto Chumacero, descartó tajantemente que ese partido esté detrás de las denuncias en contra del rector de la Universidad Nacional de Piura, Antenor Aliaga Zegarra, como opinó el abogado de éste último, Carlos Cárcamo Ladines.

Cárcamo Ladines dijo el martes que su patrocinado saldrá bien librado en el juicio por peculado porque todo es una campaña política de parte de sus adversarios del APRA y otros partidos.

Tras calificar ayer estas declaraciones como apresuradas y carentes de seriedad, Chumacero le recordó a Cárcamo Latines su deber de empaparse primero del proceso. “Un asesor legal lo primero que tiene que precisar son los términos legales de la acusación que es precisamente la que origina el proceso y eso él alega desconocer. Sin embargo, en una salida cómoda e irresponsable menciona que son sus adversarios políticos (del rector) y entre ellos el APRA, los que le quieren hacer daño”, remarcó.

Chumacero consideró que Aliaga Zegarra debería precisar si el APRA está tratando de inmiscuirse en sus problemas judiciales. Me parece -dijo- “una falta total de respeto a la opinión pública y a la comunidad universitaria, irse por la tangente y eludir el responder si es cierto o no que consumieron cerveza y cebiche con dinero público en ese restaurante (La Nueva Estancia), en lugar de decir que como en este tiempo no era rector sí podía consumir”.

Esa es la gran pregunta del proceso, señala Chumacero. Considera que sería “una pérdida de tiempo enviarles una carta notarial para que nos expliquen de qué forma y en qué medida el APRA está metido en sus problemas judiciales”.

En otro momento emplazó a Cárcamo Ladines “para que nos diga a los apristas abogados cuáles son las pruebas que tiene para poder concluir que el Partido Aprista está relacionado con el proceso en el que se investiga las borracheras de quien hoy es autoridad de la Universidad”.

“LO SABE TODO EL MUNDO”
Consultado ayer al respecto, el abogado del rector Aliaga, Carlos Cárcamo se ratificó en sus declaraciones al indicar que el APRA está tratando de copar todas las entidades públicas posibles. Recordó, por ejemplo que la lista número 1 que va adelante en las elecciones en el Colegio de Abogados es del APRA. “No dice nada del Apra pero es del Apra, pues”.

Sobre el emplazamiento de Chumacero, admitió que no cuenta con pruebas. “Pruebas concretas no hay, pero eso lo sabe todo el mundo, no es necesario estarlo diciendo”. El jurista dijo irónico que no hay pruebas “porque (los apristas) nunca dejan huellas, eso lo sabe el señor rector y los mismos apristas que trabajan en la Universidad”, indicó.

INVESTIGARÁN A JUEZA
Los integrantes del Frente de Defensa de los intereses de Piura cuentan con una copia de la resolución 948 de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, que dispone investigar administrativamente a la jueza Vilma Temoche, quien llevó el proceso en primera instancia. Según el abogado José Alvarado, la magistrada eludió su responsabilidad respecto a algunos aspectos del proceso referidos a las normas de conducta de los implicados, como salir de la ciudad sin permiso y acudir a firmar en el Juzgado.


El secretario regional del APRA Alberto Chumacero emplazó al abogado Carlos Cárcamo

Luis Márquez Pimentel
Que respondan por las tres facturas

Para Luis Márquez Pimentel, la defensa del rector Aliaga trata de hacer creer que la autoridad universitaria saldrá bien librada porque su firma no aparece en los comprobantes de pago y porque el acusado no era rector. Sin embargo, el principal tema sobre el que debe responder el rector y los funcionarios denunciados es el de tres facturas a nombre de la empresa por un monto de más de 7 mil soles, por materiales de oficina, los mismos que nunca ingresaron a la Universidad, pero el dinero sí fue retirado, siendo utilizado para pagar parte de la deuda contraída con el restaurante la Nueva Estancia en el 2005.

Márquez dijo que las tres facturas obras como pruebas de que sí se utilizó dinero de la Universidad para pagar gastos de consumo, como está seguro va a demostrarlo.

JUICIO ORAL
Asimismo, indicó que se pretende sorprender al público al decir que el 7 de enero próximo la Sala decidirá si inicia el juicio oral, lo cual -aseguró- no es así. Explicó que el rector y otros funcionarios de la UNP ya están inmersos dentro de la apertura de instrucción. Lo que se verá el 7 de enero es si comprender o no a algunos procesados que no fueron acusados por el fiscal Luis Dorador en su dictamen.

Frente Anticorrupción exhibe más denuncias
Si rector Aliaga no contesta lo citarán ante el Congreso

El asesor legal de la Comisión Anticorrupción y Derechos Humanos del Frente Cívico de Defensa de los Intereses de Piura, José Alvarado Rojas, dijo ayer que esa organización trata de lograr que el rector de la UNP sea llamado al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, para responder por diversos actos de presunta corrupción en esa casa superior de estudios.

Recordó que en fecha pasada entregaron la documentación a la congresista, Marisol Espinoza, con la finalidad de que haga llegar el expediente a la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, “nos engañó”, pues, posteriormente se dieron con la sorpresa de que no ocurría nada, suponiendo que se debía a que un compañero de su partido, César Reyes Peña, quien es dirigente del partido de Ollanta Humala, es también uno de los denunciados. Fue entonces que acudieron ante la parlamentaria Rosa María Venegas, quien sí la derivó el expediente a la Comisión de Fiscalización del congreso.

“La Comisión ha tomado la denuncia del señor Márquez Pimentel y ha enviado dos oficios, uno dirigido al señor Antenor Aliaga, donde se le pide que informe sobre las irregularidades que Márquez Pimentel ha dado a conocer”, dijo Alvarado.

Según el jurista, se trata de más de 100 casos no judicializados entre ellos, algunos de presunto peculado, como el del chofer del rector, quien al igual que Aliaga es natural de San Cristóbal Celendín y sería familiar del rector. Alvarado dijo que la forma reiterativa de los casos de corrupción registrados en diversas gestiones amerita que la Universidad sea intervenida.

A diferencia de Alberto Chumacero, quien recomendó respetar mucho la autonomía universitaria, Alvarado Rojas opinó que no es necesario que se dé una sentencia condenatoria para que sea intervenida la universidad. Asimismo que luego de los dos oficios emitidos el rector, no ha contestado. Y de continuar su actitud, sería notificado para brindar declaraciones en el Congreso.

El asesor de la Comisión de Fiscalización, César Sandoval, confirmó a EL TIEMPO que el congresista Eduardo Espinosa envió dos oficios al rector Aliaga para que informe sobre las denuncias planteadas, sin haber obtenido respuesta.
Dijo que entre los delitos denunciados figuran malversación de fondos, funcionarios que reciben un sueldo y en parte reciben otro, compra de útiles a empresas inexistentes  y así por el estilo, eso es el fondo del asunto. También hay denuncia de nepotismo, dijo ayer el asesor de la Comisión, César Sandoval.

Congresista Rosa María Venegas.
“Si la comisión de Fiscalización ha decidido investigar el caso, significa que hay pruebas que ameritan. Es lo único que puedo decir porque las investigaciones son reservadas y los congresistas tratamos de no inmiscuirnos en el trabajo de las comisiones. (Por mi parte) cuando recibí los documentos, lo que hice fue derivarlos a la Comisión de Fiscalización”.

 

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